El Tribunal determinó que el hecho de que se hubiera dejado de impartir la enseñanza secundaria en griego en esas circunstancias constituía una vulneración de la esencia del derecho a la educación.
Uno de los motivos de la demanda presentada contra Turquía se refería al cierre del único centro de enseñanza secundaria de la zona de Chipre controlada por Turquía en que la lengua vehicular de la enseñanza era el griego.