En la Casa Rosada relativizan un posible conflicto de poderes con la Corte, que ya desplazó a la magistrada de su puesto en el máximo tribunal penal del país.
Los responsables de las agencias instan a fortalecer la cooperación en operaciones coordinadas de búsqueda y rescate y a poner freno a la criminalización, obstrucción o disuasión de quienes prestan ayuda humanitaria.
Según se puede leer en el Boletín Oficial, la medida se fundamenta en la condena penal firme que pesa sobre el exfuncionario por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.